Celaya, Gto., a 15 de enero de 2026.- La administración municipal encabezada por Juan Miguel Ramírez Sánchez confirmó la desaparición administrativa de la Dirección de Movilidad, una decisión que reacomoda funciones clave del transporte público y la planeación urbana, y que abre un debate inevitable: ¿se trata de un ajuste para “cerrar la llave” a la discrecionalidad o de una apuesta riesgosa en una ciudad donde el transporte es, desde hace años, uno de los principales focos de inconformidad ciudadana?.

La medida llega después de un periodo prolongado sin titular. De acuerdo con lo informado por el propio alcalde, la Dirección de Movilidad llevaba alrededor de nueve meses acéfala tras la salida de Elizabeth Arroyo (señalada como despedida en marzo del año previo), y el gobierno local argumenta que no encontró un perfil “adecuado” que no terminara, en palabras del presidente municipal, negociando con los concesionarios del transporte.

El rediseño plantea un traslado de atribuciones: una parte de las tareas será absorbida por la Dirección de Tránsito y Vialidad, mientras otra se integrará al Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE), particularmente aquellas relacionadas con visión urbana, ubicación de paraderos y definición técnica de rutas. En el corto plazo, se contempla la figura de un coordinador del área; sin embargo, el propio esquema descrito mantiene como responsables políticos y administrativos al secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto (encargado de despacho) y al regidor Miguel Villanueva, presidente de la Comisión de Movilidad.

El argumento central del gobierno municipal se sostiene en dos ejes: control político del proceso de concesiones y ahorro presupuestal. Según lo difundido, el alcalde afirmó que la operación de la Dirección implicaba recursos por “más de 4 millones de pesos” y que, al desaparecerla, el dinero “se va a ahorrar”, además de evitar que un titular concentre decisiones sensibles en materia de transporte. En paralelo, la reestructura se presenta como “gradual”, pues primero deberán revisarse condiciones del personal y áreas operativas para el traspaso sin parálisis de servicios.

Pero el anuncio también deja preguntas abiertas. En la práctica, la desaparición de una dirección especializada puede significar menos ventanillas, menos responsables visibles y mayor dispersión de decisiones: lo operativo a Tránsito; lo estratégico a Planeación/IMIPE; y lo político al cabildo. Para usuarios y concesionarios, el riesgo es que los problemas cotidianos (frecuencias, unidades, supervisión, quejas, reordenamiento de rutas, seguridad en paraderos) queden atrapados entre áreas con prioridades distintas, justo cuando el propio gobierno reconoce que el transporte público es uno de los “principales problemas” del municipio.

En el plano político, el movimiento se inscribe en una narrativa mayor de “adelgazamiento” institucional. El alcalde adelantó que otras dependencias podrían desaparecer como parte del análisis de reestructura, y medios locales reportaron menciones a instancias como IMUVI y áreas vinculadas a turismo, además de reacomodos hacia el DIF en el caso de INCLUDIS. La lectura es clara: el gobierno busca concentrar funciones en menos entidades, con un control más directo desde el gabinete y el ayuntamiento.

Lo que sigue será decisivo: cómo se formaliza el cambio, qué funciones exactas migra cada área, bajo qué reglas operará la coordinación anunciada y, sobre todo, cómo se medirá el resultado. Si la desaparición de Movilidad termina por traducirse en mejor servicio, decisiones técnicas y menos opacidad, el gobierno habrá ganado un golpe de autoridad sobre uno de los espacios históricamente más sensibles del municipio. Si, por el contrario, el cambio genera vacíos de gestión, diluye responsabilidades o frena la capacidad de ordenar el transporte, Celaya podría pagar el costo en la calle: esperas más largas, desorden de rutas y un conflicto permanente entre ciudadanía, autoridad y concesionarios.