Celaya, Gto., a 13 de enero de 2026.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que los 46 municipios de Guanajuato tendrán obras de infraestructura y obras sociales, con un reparto que —dijo— busca responder por región y de acuerdo con niveles de vulnerabilidad. El mensaje, planteado como un compromiso de cobertura estatal, apunta a desactivar una presión recurrente en cada arranque de administración: la percepción de que los proyectos y recursos se concentran en las ciudades más grandes.

De acuerdo con lo expresado por la mandataria, la estrategia pasa por ejercer recursos con un enfoque regional, con prioridad a necesidades básicas y rezagos sociales, sin dejar de lado proyectos de conectividad y modernización urbana. La promesa es clara: obra pública para todos, pero la forma de cumplirla dependerá de dos factores: el tamaño de la bolsa disponible y la capacidad de cada municipio para presentar proyectos ejecutivos completos y viables.

La declaración ocurre en un momento en que el debate sobre el financiamiento de obras vuelve a cobrar fuerza. En paralelo, ha trascendido que parte de los proyectos de mayor escala se vincularían a financiamiento vía deuda por miles de millones de pesos para detonar infraestructura, un componente que inevitablemente abre discusión sobre prioridades, plazos y costo financiero.

En el terreno operativo, el reto es convertir el enunciado —“habrá obra para los 46”— en calendarios, licitaciones y frentes de trabajo. Ahí aparece un punto sensible: la gobernadora ha señalado públicamente que hay municipios que han entregado proyectos, pero algunos están incompletos, lo que complica etiquetar recursos y acelerar arranques. En municipios como Celaya, por ejemplo, el intercambio público entre autoridades locales y estatales ya refleja el choque entre expectativas políticas y requisitos técnicos.

El otro frente es político: aun con un diseño regional, la asignación se mide en obra visible y en tiempos. Cualquier retraso o disparidad puede reactivar narrativas de favoritismo. Por eso el gobierno estatal ha empujado, al menos en el discurso institucional, la idea de transparencia y vigilancia ciudadana en obra pública; recientemente se reportó la existencia de comités de contraloría social en los 46 municipios para dar seguimiento a proyectos.

El compromiso de llegar a todo el estado suele enfrentarse a una aritmética dura: más municipios implican más demandas, y no toda obra tiene el mismo costo ni el mismo impacto social. Las obras de infraestructura social (agua, drenaje, electrificación, mejoramiento urbano básico) tienden a ser más “capilares” y con beneficios directos; las de movilidad y conectividad suelen ser más costosas y regionales. En la práctica, el gobierno tendrá que equilibrar impacto social, rentabilidad pública y viabilidad financiera para sostener el mensaje de cobertura total.

Por ahora, la promesa de Libia Dennise se instala como una línea política: no habrá municipios fuera del mapa. La prueba llegará con el detalle fino: qué obras, dónde, con qué monto, en qué plazos y bajo qué criterios. Ahí se verá si el lema de “los 46” se convierte en una agenda verificable o en un paraguas discursivo que cada municipio interpretará según su propia presión social y electoral.