Celaya, Gto., a 8 de diciembre de 2025.- Ante el resurgimiento de tensiones comerciales y políticas entre México y Estados Unidos, el histórico adeudo de agua derivado del Tratado de Aguas de 1944 ha vuelto al centro del conflicto bilateral. La administración del presidente estadounidense Donald J. Trump ha endurecido su discurso en las últimas semanas y, según fuentes diplomáticas consultadas en Washington, evalúa la posibilidad de imponer nuevos aranceles punitivos si México no garantiza el cumplimiento de las entregas de agua correspondientes al actual ciclo del río Bravo.

El tratado establece que México debe entregar a Estados Unidos un promedio de 431 millones de metros cúbicos anuales en ciclos de cinco años, con flexibilidad para compensar déficits dentro del mismo periodo. Sin embargo, la sequía extrema que atraviesa el norte de México, la sobreexplotación de cuencas y la presión agrícola en Chihuahua y Coahuila han dificultado el cumplimiento. Técnicos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) confirman que México se encuentra rezagado, con un déficit que Washington califica de “inaceptable” a menos de un año del cierre del ciclo.

La Casa Blanca señala que la falta de cumplimiento “pone en riesgo la seguridad hídrica de comunidades estadounidenses en Texas”, mientras que el presidente Trump, en tono electoral, ha acusado a México de “aprovecharse” del sistema. Funcionarios cercanos al mandatario confirman que se estudia una modificación a los aranceles recíprocos anunciados este año, enfocándose inicialmente en productos agrícolas y automotrices mexicanos si no se observa un “plan creíble” de entrega acelerada de agua antes de primavera de 2026.

En México, la reacción ha sido inmediata. La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce la “complejidad técnica y climática” del cumplimiento, pero insiste en que el tratado incluye mecanismos flexibles y que el país ha respetado históricamente sus obligaciones. Gobernadores del norte, especialmente de Chihuahua, han expresado preocupación por nuevas extracciones forzadas en presas como La Boquilla, advirtiendo que un operativo federal podría reactivar protestas como las de 2020. Organizaciones agrícolas, en tanto, piden garantizar primero el abasto nacional antes de destinar volúmenes al vecino del norte.

Expertos en comercio internacional advierten que el tema hídrico podría convertirse en un instrumento de presión para la renegociación de otros pendientes bilaterales, desde la migración hasta las reglas de origen automotriz. En un contexto donde la Casa Blanca ha mostrado disposición a escalar mediante aranceles —y donde México depende de su acceso preferencial al mercado estadounidense—, el agua emerge como un factor inesperado pero estratégico en la relación. Si no se alcanza un acuerdo técnico y político en los próximos meses, el país podría enfrentar un doble desafío: resolver su estrés hídrico interno mientras sortea un nuevo embate comercial desde Washington.