Por: Laurencio Covarrubias D.

Celaya, Gto., a 9 de diciembre de 2025.- El anuncio del incremento al salario mínimo para 2026 —un ajuste que mantiene la tendencia ascendente de los últimos años— marca un nuevo capítulo en la política laboral mexicana. El aumento, aplaudido por sindicatos y sectores sociales, vuelve a colocar en la agenda nacional el equilibrio entre justicia salarial y estabilidad económica. Más allá del discurso triunfalista, el país enfrenta el reto de sostener una recuperación del poder adquisitivo sin desatar presiones inflacionarias ni afectar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Un avance histórico… pero aún insuficiente

Desde 2019, México ha duplicado en términos reales el salario mínimo general, después de décadas en las que su valor cayó sistemáticamente. El nuevo aumento consolida un cambio de paradigma: ya no se trata solo de un ajuste inflacionario, sino de una estrategia para combatir la pobreza laboral. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) justifica la medida con datos que muestran una mejora en la capacidad de compra y un impacto positivo en los estratos de menores ingresos.

Sin embargo, especialistas advierten que el nuevo salario sigue lejos de cubrir el costo real de una canasta de bienestar integral, especialmente en regiones donde vivienda, transporte y alimentación han incrementado sus precios por encima del promedio nacional. El avance es significativo, pero la convergencia hacia un salario verdaderamente digno aún se ve a mediano plazo.

El riesgo inflacionario: ¿mito o posibilidad real?

El Banco de México mantiene una postura cautelosa. Si bien los aumentos previos no generaron una espiral inflacionaria —gracias a que beneficiaron a sectores con baja capacidad de consumo, reduciendo desigualdades sin presionar los precios de forma agresiva—, la economía de 2026 enfrenta un entorno distinto: menor crecimiento industrial, presiones energéticas y volatilidad en los mercados globales.

Analistas coinciden en que el aumento al salario mínimo por sí solo no desata inflación, pero podría contribuir marginalmente si coincide con incrementos generalizados en costos logísticos, combustibles o insumos importados. Las grandes empresas tienen margen para absorber los ajustes; las micro y pequeñas, no siempre.

Pymes: entre la justicia salarial y la sobrevivencia

La mitad de la fuerza laboral formal trabaja en pequeñas y medianas empresas. Para muchas de ellas, especialmente en regiones periféricas y sectores de bajo margen (comercio minorista, manufacturas ligeras, servicios), el nuevo salario mínimo representa un desafío operativo.

No se trata de oponerse al aumento, sino de reconocer que su sostenibilidad depende de políticas complementarias: reducción de cargas burocráticas, incentivos fiscales para la formalización, acceso a crédito y capacitación tecnológica. Sin un ecosistema de apoyo, el riesgo es que algunas empresas recurran a la informalidad o limiten nuevas contrataciones.

Un impulso al mercado interno y a la cohesión social

A pesar de los retos, el incremento tiene efectos positivos innegables. Aumenta el poder de compra de más de siete millones de trabajadores, dinamiza el consumo básico y ayuda a reducir brechas históricas de desigualdad. El salario mínimo dejó de ser una referencia simbólica: hoy marca el eje de una política social que busca elevar el umbral de dignidad laboral.

En regiones como el Bajío —donde crecimiento industrial y desigualdad conviven— el aumento puede traducirse en una base laboral más sólida y en un avance hacia condiciones más competitivas frente a mercados globales que ya pagan mejor por manufactura especializada y servicios avanzados.

El desafío estructural: productividad y formalidad

El debate de fondo continúa siendo la productividad. Sin aumentos sostenidos en capacidades laborales, innovación y tecnología, los incrementos salariales tienen un techo. De igual modo, la informalidad —que sigue superando el 50% de la fuerza laboral— limita el impacto real de cualquier política salarial, dejando millones de trabajadores fuera de sus beneficios.

México necesita alinear el salario mínimo con una estrategia integral que incluya: mayor inversión en educación técnica y superior; apoyo decidido a la adopción tecnológica en Pymes; impulso a cadenas productivas regionales; fortalecimiento del Estado de derecho para atraer más inversión.

Un paso necesario, pero no el último

El aumento al salario mínimo para 2026 es una medida socialmente indispensable y económicamente viable si se acompaña de políticas públicas coherentes. Representa un avance histórico, pero también un recordatorio de los desafíos pendientes: elevar la productividad, reducir la informalidad y construir una economía que pueda sostener salarios más altos sin comprometer la estabilidad.

En un país donde millones de personas aún viven al límite, el salario mínimo no es solo una cifra: es un indicador de justicia social y del tipo de desarrollo que México quiere construir.