Por: Laureano Covarrubias D.
Celaya, Gto., a 27 de noviembre de 2025.- La crisis estructural del campo mexicano, agudizada en los últimos cinco años, ha alcanzado un punto crítico. Alzas en los costos de producción, caída abrupta en los precios de garantía, falta de agua, inseguridad en las zonas rurales y una política pública federal centrada en programas asistenciales y no en productividad han generado un escenario de descontento que se refleja en marchas, bloqueos y el resurgimiento de organizaciones campesinas. Para expertos, académicos y productores consultados, la respuesta del Gobierno Federal es, en el mejor de los casos limitada e insuficiente ; en el peor, desconectada de la realidad.

Un sector que produce más, pero gana menos

México sigue siendo potencia agroalimentaria: exporta cerveza, aguacate, frutos rojos, carne y tequila a niveles récord. Sin embargo, detrás de estas cifras hay una profunda brecha. Los pequeños y medianos productores —quienes constituyen más del 80% de las unidades productivas del país— operan con márgenes mínimos o negativos.

El costo del diésel agrícola supera los 25 pesos por litro; los fertilizantes continúan con precios 40% más altos que hace cuatro años; las semillas certificadas son prohibitivas y la maquinaria es inaccesible sin financiamiento. “Hoy sembrar un hectárea de maíz cuesta entre 18 y 22 mil pesos; pero a los precios que nos pagan, es imposible recuperar la inversión”, lamenta el productor hidalguense Julio Santana, quien participó en los recientes cierres carreteros.

Programas federales: asistencia, no productividad

Especialistas coinciden en que los programas actuales —Sembrando Vida, Precios de Garantía, Fertilizantes para el Bienestar— no han logrado modificar la estructura del campo, ni aumentar la productividad, ni estabilizar los ingresos de los productores. Aún cuando el gobierno presume aumentos en padrones y montos distribuidos, estos apoyos están orientados al asistencialismo más que a la competitividad.

Los precios de garantía son insuficientes y su operación es lenta; los fertilizantes gratuitos solo alcanzan para una fracción de la superficie sembrada; y los créditos agrícolas prácticamente han desaparecido ante la reducción del financiamiento público y el desinterés de la banca comercial por un sector considerado de alto riesgo.

“El campo no necesita más dádivas; necesita infraestructura, riego tecnificado, extensionismo, financiamiento y seguridad jurídica”, afirma la investigadora de la UNAM, Verónica Estrada. “Las soluciones del gobierno son cortoplacistas, y las crisis del campo son estructurales”, agrega.

Agua, inseguridad y abandono: los puntos más graves

La falta de agua se ha convertido en el principal factor limitante para estados como Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Sinaloa. La sobreexplotación de acuíferos, el retraso en la construcción de obras hidráulicas y la ausencia de una política nacional de uso eficiente del agua agravan la situación.

Productores del Bajío denuncian además el incremento de robos, cobro de piso y extorsiones, que obligan a abandonar parcelas o vender cosechas por adelantado a precios castigados. “No solo batallamos con los costos; batallamos con quién se queda con lo poco que ganamos”, señala un productor fresero de Irapuato bajo anonimato.

Las protestas y la respuesta oficial

Las recientes movilizaciones a nivel nacional, con carreteras tomadas en al menos 18 estados, exponen una crisis de gobernanza. El Gobierno Federal ha respondido con mesas de diálogo, promesas de agilizar programas y llamados a evitar afectar a terceros, pero sin presentar una estrategia integral.

La Secretaría de Agricultura sostiene que “se atiende a quienes más lo necesitan”, pero evita comprometer recursos para infraestructura o productividad. La Cámara Nacional Agropecuaria califica esta postura como “insuficiente y desconectada de los desafíos reales”.

Lo que el campo mexicano realmente necesita

Expertos enumeran cinco líneas urgentes:

1. Reactivar el financiamiento agrícola con créditos accesibles y garantías públicas.
2. Tecnificar el riego, modernizar presas, canales y pozos, y promover la gestión integral del agua.
3. Garantizar seguridad en zonas rurales, especialmente para productores de alto valor.
4. Impulsar cadenas de valor regionales que permitan mejores precios y procesos de industrialización local.
5. Transitar de programas asistenciales a incentivos productivos basados en rendimiento, innovación y sostenibilidad.

Sin estas medidas, advierten, el campo mexicano continuará en deterioro, afectando no solo a productores, sino a la seguridad alimentaria del país.

Una crisis que exige visión de Estado

El campo mexicano no está pidiendo privilegios: está exigiendo que el Estado cumpla su papel rector. Hoy, la política agropecuaria federal responde con paliativos a un sector que demanda soluciones de largo plazo, inversión pública, certidumbre y gestión profesional.

Mientras la federación insiste en que los programas actuales “son suficientes”, la realidad en las comunidades marca lo contrario. La brecha entre discurso y campo sembrado es cada vez más profunda. Y si esa distancia no se cierra pronto, la crisis podría convertirse en una emergencia nacional.