CDMX, 1 de noviembre de 2025.— La reciente toma de carreteras por parte de miles de agricultores en distintos estados del país —desde Sinaloa y Chihuahua hasta Guanajuato y Veracruz— ha puesto de nuevo en el centro del debate nacional la profundidad del problema que vive el campo mexicano. Las manifestaciones, organizadas por productores de granos básicos, hortalizas y leche, buscan respuestas concretas ante el encarecimiento de los insumos, los bajos precios de garantía y la falta de apoyos directos al sector.

Los bloqueos, que iniciaron en la madrugada del jueves, reflejan el hartazgo de los agricultores ante la caída de precios del maíz y el trigo, mientras los fertilizantes, el diésel agrícola y la energía eléctrica se mantienen en niveles históricos. “Ya no alcanza ni para cubrir los costos de producción”, denunció un productor de Celaya, Guanajuato, quien participó en el cierre parcial de la carretera federal 45. Situaciones similares se vivieron en Culiacán, Ciudad Obregón y Durango, donde las organizaciones campesinas exigieron un diálogo nacional con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Ante la presión social y el bloqueo de arterias estratégicas para el transporte de mercancías, el Gobierno Federal anunció un programa de emergencia de apoyo temporal a la comercialización. Se trata de un subsidio directo por tonelada para compensar las pérdidas y un incremento momentáneo en los precios de garantía, medida que, aunque fue recibida como una tregua, dista de resolver las causas de fondo. Los productores han calificado esta estrategia como “una aspirina para un enfermo crónico”, subrayando que el problema estructural del agro mexicano es mucho más profundo.

El campo nacional enfrenta un abandono que se remonta a la apertura comercial de los años noventa. La falta de infraestructura de riego, la dependencia de importaciones, la concentración de subsidios y la ausencia de políticas de innovación tecnológica han erosionado la competitividad de los pequeños y medianos productores. De acuerdo con el INEGI, más del 60% de las unidades agrícolas del país producen por debajo de su costo, mientras que el 70% carece de acceso a financiamiento formal.

Especialistas del Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma Chapingo advierten que el modelo agrícola actual es insostenible: sin reforma integral de precios, financiamiento y manejo hídrico, las protestas podrían recrudecerse. En tanto, organizaciones campesinas han anunciado que mantendrán la movilización hasta lograr un pacto agroalimentario nacional que contemple justicia distributiva, inversión en infraestructura rural y soberanía alimentaria.

El conflicto de las carreteras ha revelado no solo la magnitud del malestar rural, sino también la urgencia de que el campo deje de ser atendido con parches y sea finalmente considerado como un pilar estratégico de la economía y la seguridad alimentaria de México.