CDMX, 31 de octubre de 2025.- El pasado 28 de octubre de 2025, el United States Department of Transportation (DOT) anunció que revocaba la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, y suspendía las operaciones combinadas (pasajero + carga) de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia EE. UU., alegando incumplimientos del Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral de 2015. De forma simultánea, se anunció que se congelaba toda expansión de “belly-cargo” (carga en los compartimentos de pasajeros) entre aerolíneas mexicanas y EE. UU. vía el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
Estas medidas han sido calificadas en los medios como un “veto” o castigo aerocomercial sin precedentes por parte de EE. UU. a la aviación mexicana.

El DOT sostiene que desde 2022 el gobierno mexicano no ha cumplido con el acuerdo de transporte aéreo que regula los derechos de operación entre ambos países. Específicamente:
México retiró o reasignó “slots” (horarios/pistas) concedidos a aerolíneas estadounidenses en el AICM.
Mandó trasladar operaciones de carga de EE. UU. fuera del AICM, al AIFA, bajo la justificación de obras de remodelación y congestión, pero sin que los trabajos se habían concretado según el DOT.
Las aerolíneas mexicanas continuaron abriendo rutas a Estados Unidos mientras las estadounidenses se veían limitadas, lo que Washington interpreta como trato discriminatorio.
El DOT argumenta que las maniobras del gobierno mexicano —como la reubicación de vuelos y la asignación de slots sin transparencia— han dado ventaja injusta a aerolíneas mexicanas frente a estadunidenses, afectando conectividad y el intercambio de carga entre ambos países. En particular, el flujo de “belly-cargo” es clave para las cadenas de suministro Norteamérica, y la medida de EE. UU. advierte que se pueden generar costos elevados tanto para aerolíneas como para industria.
Algunos analistas lo interpretan como un episodio más de presión estratégica de EE. UU. dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)-, al abordar más que un tema técnico de aviación: regula los desequilibrios comerciales, operativos y de mercado entre ambos países.

Para las aerolíneas mexicanas:
Las firmas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus figuran entre las afectadas por la revocación de los permisos de ruta por parte de EE. UU.
Las rutas suspendidas incluyen, por ejemplo, desde AIFA hacia Houston, McAllen (Texas) y otras ciudades estadounidenses.
Una menor capacidad de carga y de expansión hacia EE. UU. podría afectar su competitividad y los acuerdos de código compartido.
Para el aeropuerto AIFA y el sistema aeroportuario de CDMX:
AIFA, inaugurado como parte del sistema de descongestión del AICM, ahora se ve involucrado en una disputa internacional que cuestiona la reubicación de vuelos de carga desde AICM al AIFA.
La señal enviada por EE. UU. pone presión al gobierno mexicano para demostrar que los cambios de infraestructura y operación cumplen con estándares internacionales de asignación de slots y transparencia.
Existe el riesgo de que la conectividad aérea entre México y EE. UU. se vea afectada, lo que podría refrendar costos para el turismo, exportación rápida (por avión) y logística para industrias clave en el Bajío (automotriz, aeroespacial, etc.).

Para la industria, comercio y regional (incluido Guanajuato):
Dada la interdependencia logística – en particular en el Bajío mexicano, donde se ensamblan autos, se exportan componentes y se conectan cadenas con EE. UU. – una reducción en rutas de carga ágil podría encarecer tiempos y rutas alternativas.
Para el estado de Guanajuato y su cluster automotriz/aeroespacial, cualquier freno a la conectividad aérea con EE. UU. representa un riesgo adicional en un entorno ya competitivo.
También se pone en juego la reputación de México como socio confiable en la logística aérea de Norteamérica; un “veto” en esta dimensión genera señales para la inversión y el comercio futuro.

La Reacción Mexicana
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la decisión de EE. UU. y solicitó que se lleve a cabo una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores de México y el secretario de Estado estadounidense para revisar lo que considera “acciones unilaterales”.
Los sectores turísticos y de negocio en México están presionando al gobierno para abrir un canal de diálogo constructivo con EE. UU., a fin de mitigar impactos negativos en conectividad y comercio.
A mediano plazo, la clave estará en si México corrige o ajusta sus políticas de slots, reubicaciones de carga y transparencia de aeropuertos para alinearse con lo que exige el tratado bilateral. Caso contrario, EE. UU. ha advertido que impondrá más medidas.
Lo que en principio parecía un ajuste técnico-aerolíaco, se ha convertido en un episodio de mayor calado: un “castigo” tangible de EE. UU. a México, precisamente en el ámbito de la aviación comercial y de carga. Para México supone un serio llamado de atención sobre la necesidad de cumplir con tratados, mantener transparencia en la asignación de slots y evitar dar la sensación de favorecer a operadores domésticos en perjuicio de los extranjeros.
En particular, para el sistema aeroportuario de Ciudad de México (AICM y AIFA) y para las aerolíneas mexicanas, significa un reto adicional: demostrar que pueden operar dentro de un marco justo, competitivo e internacionalmente aceptado.
En el contexto regional, donde estados como Guanajuato dependen de una cadena de exportación ágil, esto no es un asunto menor — la aviación es parte fundamental de la infraestructura de alta velocidad.
El futuro de esta disputa mostrará si México puede alinear sus políticas de aviación con estándares binacionales y retomar estabilidad en ruta con EE. UU., o si el desencuentro se prolonga y cobra costos adicionales más allá del “veto” actual.





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