Celaya, Gto., a 22 de octubre de 2025.- El proyecto de construcción del acueducto Presa Solís–León, concebido para reforzar el abasto de agua potable hacia el corredor industrial del Bajío, enfrenta una ola creciente de rechazo social. En los últimos días, campesinos, pescadores y habitantes de municipios del sureste de Guanajuato —principalmente Acámbaro, Jerécuaro y Salvatierra— realizaron protestas y concentraciones en la cortina de la Presa Solís, advirtiendo afectaciones a la agricultura, la pesca y la ganadería si se reduce el volumen disponible en la cuenca del Lerma. El martes 21 de octubre se llevó a cabo una manifestación “pacífica” en la presa; los convocantes exigen transparencia técnica, consulta y garantías de no extracción en periodos de sequía.

En Acámbaro, líderes del movimiento opositor señalaron que la obra avanza sin información pública suficiente y sin diálogo con las comunidades ribereñas; acusan además una “imposición” del trazo y de las metas de entrega de agua. La narrativa de inconformidad también se alimenta de tensiones políticas locales —autoridades y actores partidistas se señalan mutuamente de “politizar” el malestar—, pero el eje de la protesta es técnico: quién decide, cuándo y cuánto se extraerá del sistema Solís–Lerma: “Nos dicen que hay grandes beneficios, pero no pudieron mencionarlos todos, más que la tecnificación. No estamos en contra de ahorrar agua, pero sí de la manipulación con la que manejan esta obra y ocultan información.”

El gobierno estatal y promotores del proyecto sostienen que la infraestructura permitirá tecnificar y hacer más eficiente el uso del agua en la región, con una conducción estimada en ~187–200 kilómetros y una inversión que ronda los 15 mil millones de pesos. La promesa oficial es mejorar el aprovechamiento hídrico sin desabasto para terceros; sin embargo, incluso autoridades de Guanajuato han admitido que, en escenarios de sequía, el Distrito de Riego 011 podría resentir impactos, lo que alimenta la desconfianza entre productores.

La ficha técnica federal ubica el proyecto dentro del portafolio de inversión de “Proyectos México”, con el objetivo de abastecer a ciudades como León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao. La apuesta es aliviar la presión sobre acuíferos sobreexplotados y dotar de seguridad hídrica a la zona metropolitana de León, motor demográfico e industrial del estado. Los opositores replican que cualquier trasvase debe partir de balances hidrológicos creíbles, caudales ecológicos garantizados y reglas claras de operación en estiaje, a decir de la Gobernadora de Guanajuato Libia Denisse García Muñoz Ledo: “Hay todo el sustento técnico, estamos muy confiados en que va a prevalecer la justicia y el derecho humano que hay al agua. Es importante decirle a la gente de Guanajuato que hay todo el respaldo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la propia Presidenta.”

La controversia ya rebasó fronteras estatales. En Jalisco, alcaldes de la ribera de Chapala y organizaciones civiles advierten que el acueducto —al depender de la cuenca Lerma–Santiago— podría disminuir aportaciones a Chapala, que abastece a buena parte del Área Metropolitana de Guadalajara. Aunque la obra cuenta con respaldo federal y del gobierno de Guanajuato, las autoridades jaliscienses y colectivos locales han desplegado campañas informativas y recaudo de firmas contra el proyecto. “Le pedimos a los tres niveles de gobierno que dejen de violar nuestros derechos humanos con la imposición de esta obra, ya que se desarrolló sin evaluación del impacto social, ambiental e hídrico.”

En el terreno social, el clima se calienta: bloqueos simbólicos, asambleas comunitarias y llamados a nuevas movilizaciones se han vuelto frecuentes. Medios regionales dan cuenta de pronunciamientos de agricultores que demandan “no llevarse el agua del sureste” y de organizaciones que piden peritajes independientes. Voces editoriales locales, por su parte, urgen a construir “acuerdos reales” y procesos de información pública verificable para destensar el conflicto.

Especialistas y colectivos plantean tres condiciones mínimas para evitar una crisis social e institucional mayor: 1) publicar los estudios de disponibilidad, impacto ambiental y reglas de operación del acueducto —en lenguaje ciudadano—; 2) blindar legalmente caudales para riego y consumo humano locales en periodos de sequía; y 3) abrir una mesa de gobernanza del agua con participación efectiva de usuarios agrícolas, comunidades y academia, antes de cualquier contratación de obra mayor. Mientras estas garantías no se materialicen, el “no al acueducto” promete seguir creciendo en las riberas del Lerma y en los municipios que miran a la Presa Solís como su seguro de vida.