Celaya, Gto., a 15 de octubre de 2025.- Por Laurencio Covarrubias D.

La reciente reforma a la Ley de Amparo ha generado una oleada de críticas desde sectores jurídicos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que se trata de una modificación que limita uno de los pilares históricos del Estado de derecho mexicano: la protección del ciudadano frente a abusos del poder público. El amparo, concebido originalmente por figuras como Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, nació para ser un escudo jurídico frente a actos arbitrarios del Estado; sin embargo, la nueva legislación pareciera reconfigurarlo como una herramienta más controlada por el aparato gubernamental.

Uno de los puntos más controvertidos es la restricción a los efectos suspensivos del amparo, especialmente en casos donde se impugnan obras públicas, decisiones administrativas de alto impacto o políticas consideradas “de interés nacional”. Bajo este nuevo esquema, el juez queda impedido para detener temporalmente actos del gobierno mientras se resuelve el fondo del asunto, lo que, en la práctica, convierte el juicio en un trámite sin fuerza efectiva. Esto significa que aunque el ciudadano tenga la razón, el daño podría ya ser irreversible al momento de la sentencia.

Otro aspecto alarmante radica en la facultad discrecional que se otorga al Estado para definir qué temas no pueden ser detenidos mediante amparo por considerarse estratégicos para la nación. Esta ambigüedad abre la puerta a interpretaciones políticas y a un escenario donde el interés público quede supeditado a la voluntad del poder vigente. La crítica principal es clara: se está debilitando el carácter contramayoritario del amparo, es decir, su capacidad para equilibrar el poder del Estado frente a la vulnerabilidad individual o comunitaria.

Los defensores de la reforma argumentan que la ley busca evitar frenos judiciales a proyectos nacionales, combatir el uso indebido del amparo como herramienta empresarial para bloquear políticas públicas y agilizar la acción gubernamental. No obstante, los opositores responden que la verdadera solución no está en limitar derechos, sino en fortalecer la justicia con mayor transparencia, mejor argumentación judicial y mecanismos de resolución que validen o rechacen de forma ágil, pero con garantías, los actos impugnados.

En conclusión, la nueva Ley de Amparo representa un cambio de paradigma que favorece una visión centralista del poder estatal frente a los derechos individuales y colectivos. De avanzar sin ajustes, México corre el riesgo de retroceder en la construcción de una justicia garantista, debilitando uno de los pocos instrumentos que permiten a los ciudadanos enfrentar legalmente las decisiones del gobierno. La reforma, más que un avance, parece una advertencia: el equilibrio entre autoridad y libertad vuelve a estar en disputa.