Celaya, Gto., a 15 de octubre de 2025 — Bajo el cielo gris del amanecer, cientos de agricultores de varios municipios del estado—entre ellos Celaya, León, Irapuato, Salamanca y San Miguel de Allende—se movilizaron este martes para exigir al gobierno federal el pago de adeudos pendientes, precios de garantía dignos y reformas estructurales que rescaten al agro mexicano.

La protesta forma parte de un Paro Nacional Agrícola convocado en al menos 20 estados del país. Para visibilizar el problema, los productores tomaron simbólica y pacíficamente oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en ciudades como Celaya, Irapuato y León.

Los campesinos organizados bajo el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense expusieron una serie de exigencias, algunas vinculadas al ámbito nacional y otras específicas para Guanajuato:

Pago inmediato de adeudos correspondientes al programa de precios de garantía para ciclos 2023-2024 y 2024-2025, los cuales no se han cumplido.

Establecimiento de precios justos que cubran costos reales de producción: se propone que el maíz alcance por lo menos 7,200 pesos por tonelada, entre otras referencias para granos básicos.

Retiro de granos básicos de las reglas del T-MEC para evitar que los productores nacionales compitan en desventaja frente a importaciones subsidiadas.

Financiamiento accesible mediante la banca de desarrollo al sector primario y más recursos para infraestructura agrícola.

Subsidios retroactivos para energía eléctrica, tarifas justas para pozos agrícolas y cancelación de multas por consumo excesivo de kilowatts.

Que se detenga la “criminalización” de la producción agropecuaria, especialmente ante regulaciones restrictivas y leyes que consideran perjudiciales para el campo.

Que el gobierno federal y estatal instalen una mesa de diálogo con los productores para atender los planteamientos “desde el campo”.

Desarrollo de la movilización: orden, tensión y determinación

Las acciones comenzaron desde temprano. En Guanajuato, más de mil agricultores cerraron simbólicamente las puertas de oficinas del SAT en ciudades clave. En Celaya, cerca de 200 productores tomaron las instalaciones del SAT de forma pacífica, desplegando mantas con consignas: “¡Basta de abandono al campo!” y “Precios justos ya”.

Mientras tanto, en las vías intermunicipales que conectan con Michoacán, unos 300 tractores se desplazaron para bloquear tramos clave, como La Piedad–Abasolo y la federal 90 hacia Irapuato.

Aunque las oficinas del SAT continuaron su operación habitual en muchas localidades, los manifestantes advirtieron que se mantendrán en plantón indefinido hasta recibir una respuesta concreta del gobierno federal.

La crisis que motiva la actual protesta ya lleva años gestándose. Diversos factores han presionado al campesinado: Los costos de insumos como fertilizantes, energía, semillas y combustibles han escalado; Las lluvias y condiciones climáticas han sido erráticas en algunos ciclos, afectando los rendimientos; Muchos productores denuncian abandono institucional: promesas de apoyo incumplidas, recortes presupuestales y reducción de programas dirigidos al campo; La competencia con productos importados, algunas veces con subsidios o producidos bajo normas menos estrictas, ha presionado los precios del mercado nacional.

Así, lo que parecía un reclamo sectorial aislado ha tomado forma nacional: una protesta que interpelará al gobierno sobre la prioridad que le da al campo mexicano.

Apenas al conocerse las tomas del SAT y bloqueos, autoridades estatales y federales se vieron obligadas a reaccionar. Hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial contundente que ofrezca soluciones concretas, más allá de diálogos programados.

Para los agricultores, los siguientes días serán cruciales. Si no hay avances, advierten con intensificar bloqueos, prolongar los plantones e incluso llevar protestas a la Ciudad de México. El reto para las autoridades no será solo calmar el conflicto, sino rearticular la política agraria con visión y justicia.

Lo que está en juego va más allá del pago puntual de apoyos: es el reconocimiento de que los impuestos y programas prometidos al campo no pueden quedar como mero discurso. En Guanajuato, las protestas de este octubre ponen en evidencia que los agricultores —quienes sostienen una parte esencial de la economía y alimentación del país— reclaman corresponsabilidad, reformas estructurales y un trato digno. Si no se les escucha ahora, el deterioro del sector podría volverse irreversible.