Guanajuato,Gto., 4 de octubre de 2025.- En la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas (SEAIV), se marcaron nuevas líneas para la política de víctimas en la entidad, al tiempo que se concretó formalmente la conclusión del mandato del primero de los comisionados estatales: Sergio Jaime Rochín del Rincón.

Rochín presentó su quinto y último informe de labores ante autoridades estatales, colectivos de víctimas y representantes municipales. A partir de noviembre de 2020 —cuando asumió el cargo por designación del Congreso estatal—, inició un camino de institucionalización de la atención a víctimas en Guanajuato, con avances pero también con retos persistentes.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció públicamente la labor del comisionado, y sostuvo que Guanajuato ahora es referente nacional por su modelo interinstitucional, al destacar que el “fondo estatal de ayuda, asistencia y reparación integral” llegó en 2025 a 184.5 millones de pesos, el “más alto” del país.

Durante estos cinco años, la CEAIV bajo la dirección de Rochín alcanzó algunos hitos cuantitativos que son útiles para medir su impacto: Se inscribieron más de 9,400 personas en el Registro Estatal de Víctimas; Se otorgaron casi 40,000 medidas de ayuda y asistencia (alimentarias, traslados, gastos funerarios, entre otras) en favor de víctimas; Se brindaron alrededor de 60,000 acciones jurídicas en procesos legales de acompañamiento; Se capacitó a más de 5,200 servidores públicos municipales, incluyendo policías, personal de los Institutos de la Mujer o de los DIF, en temas vinculados con atención a víctimas, perspectiva de género y protocolos específicos; Se impulsó la firma de convenios de coordinación con 16 municipios para fortalecer la atención en las localidades; Esquemas institucionales como el Protocolo de Asesoría Jurídica Estatal fueron adoptados y se alinearon con el sistema estatal; En su informe final, se presentó el Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas 2025–2030, con miras a consolidar una política estatal con continuidad y enfoque de derechos.

Estos logros resaltan un esfuerzo por dotar de estructura, recursos y operatividad a una comisión que nació apenas en 2020, en un contexto de violencia creciente en el estado.

Sin embargo, la puesta en marcha de una comisión no garantiza su eficacia plena. En la trayectoria de Rochín también quedaron vacíos y materias inconclusas: Financiamiento y recursos insuficientes en etapas tempranas Desde antes de su gestión, ya se escuchaban voces que advertían de limitaciones presupuestales y de personal para que la CEAIV cumpliera sus funciones. Un artículo de 2022 mencionaba que “limitado presupuesto y carencia de personal precipitan crisis en la CEAIV”. Esa presión estructural no desapareció por completo, y la consolidación financiera fue gradual; Desigual cobertura municipal y desafíos locales: Aunque hubo convenios con 16 municipios, muchos otros quedaron fuera de esquemas activos de coordinación. La atención plena en todos los municipios depende de que cada ayuntamiento adopte los mecanismos y políticas, lo cual requiere voluntad y recursos locales; Sistema de datos, seguimiento e impacto real: Inscribir personas en el registro y emitir medidas son pasos necesarios, pero el verdadero impacto en la reparación, restitución de derechos, acceso efectivo a justicia y prevención de la revictimización exige una medición constante y transparencia. Hasta donde se conoce públicamente, no hay indicadores públicos robustos de cuánto se logró avanzar en prevenir nuevos daños ni en garantizar que las medidas otorgadas hayan sido cumplidas cabalmente; Contexto de violencia persistente: Guanajuato sigue siendo uno de los estados con altos índices de homicidios, desapariciones y violencia. En mayo de 2025, por ejemplo, se hallaron 17 cuerpos en una fosa común en Irapuato. Ese entorno complica dramáticamente las labores de atención a víctimas, pues la demanda crece más rápido que la capacidad institucional de respuesta; Sostenibilidad y continuidad institucional: El modelo que deja Rochín necesita garantizantes de continuidad con los próximos titulares. Las transiciones en cargos de este tipo suelen implicar riesgo de pérdida operativa, de conocimiento o de compromiso político. La presentación del programa 2025–2030 busca mitigar ese riesgo, pero su efectividad dependerá del acompañamiento político, del financiamiento y de la vigilancia ciudadana.

Desafíos hacia adelante

La salida de Jaime Rochín marca un momento de inflexión para la política de atención a víctimas en Guanajuato. No es simplemente un relevo administrativo: es la oportunidad de demostrar que lo construido puede sobrevivir y escalar. Algunas reflexiones sobre lo que viene: Consolidar la cultura institucional de derechos humanos: Mucho del valor de la CEAIV radica en que su actuar fortalezca una cultura institucional en las dependencias estatales y municipales, de modo que la atención a víctimas no dependa únicamente de voluntad ocasional, sino de procesos normalizados; Fortalecer la rendición de cuentas y visibilidad pública: Que los informes sean públicos, que los colectivos vigilen los avances, que los medios de comunicación revisen los resultados a detalle: la transparencia será clave para evitar retrocesos; Garantizar recursos presupuestales suficientes y estables: Que el Fondo Estatal de Ayuda y Reparación mantenga su fortalecimiento y no sufra recortes agresivos será esencial para que las medidas no queden en promesas; Equidad territorial: Es necesario que la atención llegue a todos los municipios, especialmente los más marginados y los de mayor incidencia delictiva, incluso aquellos con menor capacidad institucional; Vinculación efectiva con seguridad y procuración de justicia: Que la CEAIV no solo sea un canal de ayuda, sino un interlocutor con la Fiscalía, con los cuerpos policiales, con instancias de justicia, para que las víctimas no queden en la impunidad; Evaluación externa e independiente: Que organismos de derechos humanos, universidades u organizaciones civiles puedan auditar, evaluar y sugerir mejoras a la gestión de la Comisión de manera periódica.

La gestión de Jaime Rochín al frente de la CEAIV de Guanajuato deja una huella importante en la construcción institucional del derecho de las víctimas a ser escuchadas, atendidas y acompañadas. Sus cifras —registro de víctimas, medidas otorgadas, acciones jurídicas— son un cimiento que pocos estados tienen con ese nivel de formalización. Pero ese cimiento solo será valioso si se convierte en una edificación duradera.

Ahora que Rochín se retira, la expectativa está en que el relevo mantenga la visión de “gobierno de la gente” y que los logros ya obtenidos no se diluyan con el paso del tiempo. En una entidad golpeada por la violencia y las desapariciones, la CEAIV —bien atendida, financiada y fiscalizada— puede ser no solo un órgano de reparación, sino también parte de la respuesta estructural que reclaman las víctimas y la sociedad.