Celaya, Gto., a 27 de agosto de 2025.- El proyecto para conducir agua desde la Presa Solís hacia León y el corredor industrial de Guanajuato volvió a encender la disputa regional por el manejo del recurso. Mientras el gobierno de Guanajuato defiende la obra como imprescindible y “sin afectaciones” a Jalisco, las autoridades y alcaldes jaliscienses —en especial los de la Ribera de Chapala— sostienen que el acueducto mermará los aportes al mayor lago del país, base del abasto para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El denominado Acueducto Solís–León forma parte de los proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico 2024–2030. La conducción —de ~140 kilómetros— está diseñada para transportar hasta 4,000 litros por segundo desde la presa ubicada en Acámbaro para abastecer a León y otros municipios del corredor industrial (Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao), con una población que supera los dos millones de habitantes sólo en la capital zapatera.

De acuerdo con estimaciones difundidas en julio, la inversión total rondaría 15,000 millones de pesos, con financiamiento compartido entre la Federación y el estado y municipios beneficiarios. La administración guanajuatense prevé arrancar tramos constructivos este mismo año.

La oposición más férrea proviene de Jalisco. Alcaldes de los siete municipios de la Ribera de Chapala afirman que la captación para Guanajuato reduciría los desfogues de la Presa Solís hacia el Lago de Chapala, que aporta alrededor del 60% del agua al Área Metropolitana de Guadalajara. Ediles y legisladores locales exigen participar en la evaluación técnica del proyecto, y organizaciones civiles han promovido más de mil amparos para frenarlo por posibles afectaciones ambientales.

El gobernador jalisciense Pablo Lemus ha insistido en que la operación del acueducto impediría que la Presa Solís alcance el 90% de almacenamiento, umbral a partir del cual —recuerda— históricamente se realizan derivaciones hacia Chapala en años húmedos. Si se envía agua a León “evidentemente nunca va a llegar a Chapala”, advirtió.

En el Congreso y en la arena política, bancadas jaliscienses han cerrado filas contra la obra y piden su cancelación; de igual manera lo han hecho las bancadas guanajuatenses; adicionalmente, Morena a nivel federal ha reiterado su respaldo al plan hídrico.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha defendido que el acueducto no restará agua a Jalisco y que se trata de un proyecto apoyado en tecnificación, eficiencia y control de pérdidas, clave para garantizar el derecho al agua en ciudades estratégicas del Bajío. La mandataria ha descartado una suspensión de la obra y afirma que su ejecución continuará conforme al calendario programado. “No vemos que haya ningún riesgo, vamos a dar puntual seguimiento, por supuesto, a los amparos presentados y lo que buscaremos es no polarizar; yo misma he estado en comunicación con el gobernador -Pablo Lemus Navarro-” declaró.

Ante estas preocupaciones, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que el proyecto implique quitar agua a Jalisco o al lago de Chapala. En su declaración, la Mandataria federal afirmó que no se realizarían proyectos que afecten a ningún estado del país. “Nunca hemos planteado eso, ¿cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dársela a otro? Es ridículo. Hay propuestas para Guanajuato y para Jalisco. Muchas veces se comparten cuencas y hay que distribuir el agua, pero jamás se haría un proyecto que le quitara agua a un estado”, sostuvo.

Versiones técnicas y académicas en la región, si bien reconocen la necesidad de reforzar el abasto en Guanajuato, advierten riesgos en calidad del agua y efectos ambientales que deberán mitigarse con monitoreo y reglas de operación claras entre cuencas.

La disputa por Solís–León revive viejas tensiones del occidente del país. Tras la cancelación del acueducto desde El Zapotillo para llevar agua a León en sexenios anteriores, el nuevo trazado desde Solís reordena la conversación regional en un contexto de sequías recurrentes y de una estrategia federal que apuesta por nuevas presas y acueductos, revisión de concesiones y una gestión “integral y transparente” del recurso.

En el corto plazo, el expediente legal definirá ritmos y márgenes: los amparos en Jalisco y los permisos ambientales y de derechos de vía serán el primer tamiz. En paralelo, especialistas recomiendan un régimen de operación coordinado entre Conagua y los gobiernos estatales que priorice volúmenes ecológicos para Chapala, metas de reducción de fugas en las ciudades receptoras y esquemas de compensación interregional si se acreditan impactos.