Por: Laurencio Covarrubias D. Ciudad de México a 8 de agosto de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha relanzado una propuesta de reforma electoral similar a la impulsada durante el sexenio anterior por Andrés Manuel López Obrador, aunque con ajustes y nuevo liderazgo. Su ambición: reducir el gasto electoral, reformar el sistema de representación y combatir el nepotismo y la reelección prolongada.

El 5 de agosto de 2025 se publicó el decreto oficial que crea esta comisión, nombrando a Pablo Gómez, ex titular de la UIF, histórico de la izquierda sesentayochera, y figura clave en el fallido “Plan A” de AMLO, como su coordinador:

El equipo incluye a: Rosa Icela Rodríguez (Segob); Pepe Merino (Transformación Digital); Ernestina Godoy (Presidencia); Lázaro Cárdenas Batel; Arturo Zaldívar; Jesús Ramírez Cuevas. Todos ellos miembros del partido «Morena» en el Poder.

Su misión: estructurar una reforma rigurosa en diálogo con legisladores, académicos y ciudadanía, buscando legitimidad social y respaldo legislativo.

1. Reducción del financiamiento público a partidos
   Sheinbaum apuesta por destinar menos recursos públicos a los partidos, incluso solo en años electorales en lugar de todo el sexenio.
2. Eliminación de los plurinominales
   Se propone desaparecer las listas proporcionales en Cámara de Diputados y Senado, de modo que todos los legisladores sean electos por voto directo en distritos o entidades (modelo similar al estadounidense).
3. Elección ciudadana de consejeros y jueces electores
   Se plantea que cargos como los consejeros del INE se elijan por voto popular, tal como ocurre con algunos magistrados, bajo la posibilidad de reducir su número de 11 a siete.
4. Prohibición de reelección y contra el nepotismo
   A partir de 2030 no habría reelección de cargos populares, y se prohibiría que familiares directos de gobernantes se postulen por el mismo cargo tras su gestión
5. Racionalización del INE sin afectar su autonomía
   Aunque se critica el tamaño presupuestal del INE, Sheinbaum ha asegurado que mantendrá su autonomía como organismo electoral.

Obstáculos y tensiones políticas

• Resistencia dentro del oficialismo: el PVEM y el PT, aliados clave de Morena, han expresado su desacuerdo con la eliminación de plurinominales y los recortes al financiamiento. Consideran que podrían generar desigualdad electoral y afectar su supervivencia política.
• Necesidad de consenso legislativo: al tratarse de una reforma constitucional, requiere de mayoría calificada (dos tercios del Congreso), lo que implica negociar con la oposición (PAN, PRI, MC) y sectores críticos.
• Contexto institucional delicado: ya hay conflicto latente con el INE, particularmente en la elección judicial de junio, donde el oficialismo ha impugnado decisiones del organismo, generando fricciones.

Como parte del proceso, se lanzará una encuesta ciudadana nacional para recabar opiniones sobre temas clave: financiamiento, plurinominales, elección de consejeros, etc. Se usará como respaldo social en el proceso legislativo.

• Posible amenaza a la representación de minorías si se elimina el sistema proporcional, aunque se plantean modelos alternativos de representación.
• Tensiones con organismos autónomos, riesgo de concentración de poder ejecutivo si no se maneja con cautela.
• Incertidumbre sobre si el recorte presupuestal afectará capacidades operativas de los procesos electorales, especialmente locales.

Esta reforma representa una apuesta ambiciosa de corte eminentemente político, económico y democrático: reducir el costo del sistema electoral, eliminar mecanismos percibidos como opacos (plurinominales, nepotismo), y fomentar mayor participación ciudadana en la elección de autoridades electorales.
Si bien pareciera que se preserva la autonomía formal del INE, los ajustes presupuestales y estructurales podrían cambiar significativamente su funcionamiento, y la posibilidad de una regresión democrática al control total de las elecciones por parte del del estado es latente.

Su viabilidad política depende del consenso legislativo, en especial con aliados como PT y Verde; los aportes de las minorías, representadas hoy por los partidos PAN, MC, PRI y PRD; y de su legitimación social mediante consultas con amplia participación, transparencia y presupuesto suficiente para garantizar su legalidad. La Comisión Presidencial liderada por Pablo Gómez tendrá el reto de fusionar los intereses del oficialismo con los requisitos de constitucionalidad y pluralidad.