Celaya, Gto., a 4 de julio de 2025.- El pasado 1 de julio, el Senado de EE.UU. aprobó —en una votación ajustada de 51 contra 50— un paquete de gastos e ingresos conocido como el “One Big Beautiful Bill”, que fue enviado a la Casa Blanca para la firma presidencial. Uno de los componentes más polémicos es la imposición de un impuesto de 1 % sobre las remesas en efectivo —incluidos cheques de caja o giros— enviadas al extranjero, aplicado a partir del 1 de enero de 2026 .

El impuesto se aplica a todas las personas que envíen remesas en efectivo, sin importar su estatus migratorio: ciudadanos, residentes permanentes (green card), visas temporales (H‑1B, F‑1, H‑2A) y migrantes indocumentados. No grava los envíos realizados vía transferencias electrónicas, tarjetas de débito/crédito de EE.UU. o criptomonedas, lo que excluye transacciones bancarias y digitales .

Las autoridades estiman que esta medida generará entre 4 500 y 10 000 millones de dólares durante la próxima década . Su justificación oficial se centra en:

1. Aumentar los ingresos federales para financiar recortes fiscales y el fortalecimiento de la frontera.
2. Disuadir la migración irregular al encarecer el envío de remesas —un argumento defendido por voces conservadoras .

Expertos destacan riesgos significativos:

• Podría reducir los flujos formales de remesas en cerca de un 1,6 %.
• Países de América Latina, como México, Guatemala y El Salvador, podrían perder entre 1 500 y 2 000 M USD al año .
• Familias vulnerables en origen —dependientes de esos ingresos para gastos básicos, salud o educación— podrían quedar en la pobreza .
• Puede incentivar el uso de canales informales (hawala, paqueteros, criptomonedas), debilitando la transparencia financiera.
• Migrantes indocumentados y temporales se verán directamente afectados, ya que frecuentemente usan remesas en efectivo .
• No está claro si esta medida realmente reduce la migración irregular; algunos analistas advierten el efecto contrario: la pérdida de ingresos puede generar más éxodo .
• En EE.UU., organizaciones del sector financiero advierten contra el “doble gravamen” y el debilitamiento de la economía local, ya que las remesas facilitan consumo y pagos de servicios .

El mismo proyecto también incluye:

• Exclusión de refugiados, asilados y ciertos inmigrantes legales de programas como Medicare, Medicaid y cupones de alimentos, generando ahorros que se estiman en 60.000 M USD hasta 2034
• Nuevas tarifas: 100 USD por solicitud de asilo, 550 USD anuales para renovar permisos de trabajo, 900 USD para apelaciones.
• Multas de 5.000 USD para quienes crucen la frontera ilegalmente o no comparezcan en audiencias de deportación.

Reacciones internacionales

• México, segundo país receptor de remesas, protestó la medida. Las remesas representan aproximadamente el 4% del PIB, afectaría principalmente a las familias de bajos ingresos que dependen de las remesas para su sustento, especialmente aquellas en estados con alta migración y dependencia de estos ingresos. Esto incluye a familias con hijos estudiando, padres o hermanos, y a comunidades donde las remesas representan un porcentaje significativo de los ingresos familiares. La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan para reembolsar ese 1 % a los migrantes.
• Para países como Guatemala y El Salvador, donde las remesas representan más del 20 % del PIB, el impacto podría ser devastador.
• Expertos sugieren que la medida podría violar tratados internacionales antidiscriminación.

El nuevo impuesto del 1 % a las remesas en efectivo busca reforzar las finanzas públicas y endurecer la política migratoria, pero podría agravar las condiciones económicas de millones de familias migrantes y sus comunidades originarias. A pesar de la reducción desde el 5 % inicial, numerosas voces alertan que podría incentivar esquemas informales, complicar el desarrollo en países receptores y no frenar realmente la migración no regular.