Guanajuato, Gto., a 6 de junio de 2025.- En una sesión cargada de tensión y expectativas, el Congreso del Estado cerró ayer, 5 de junio el polémico debate sobre la despenalización del aborto, votando a favor de la vida y archivando la carpeta de la despenalización del aborto.

Contexto jurídico y social

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución en septiembre de 2021 declarando inconstitucional penalizar el aborto, ordenando así que esos casos no puedan llegar a sanción penal. Hasta el momento, 24 entidades federativas han modificado sus códigos penales para ajustarse a este fallo; sin embargo, Guanajuato, junto con otros diez estados, resiste dicha adecuación

A pesar de la criminalización vigente, entre 2022 y la fecha, la Fiscalía estatal abrió 72 carpetas por aborto, superando las 68 investigaciones por feminicidio. No obstante, ninguna mujer ha sido encarcelada, gracias a la protección que ampara la resolución de la SCJN

Los Grupos de Manifestantes

En una cantidad mucho más grande que la semana anterior, los colectivos en defensa de la familia y en pro de la vida, comenzaron a llegar masivamente al palacio legislativo, en decenas de camiones provenientes de todo el estado de Guanajuato. Personas de todas las edades, comenzaron a reunirse en la explanada del estacionamiento del Congreso del Estado, donde con apoyo de un equipo de sonido y altavoces comenzaron a lanzar consignas acompañados de cantos del himno nacional mexicano, colocando lonas sobre la explanada del congreso del estado, con mensajes en pro de la vida.

Los colectivos feministas intentaron hacer notar su presencia -mucho menos numerosa- desde el principio, desplazando un pequeño colectivo al acceso del Congreso, donde con ayuda de bengalas de colores y utilizando algunos altavoces comenzaron a gritar consignas e insultos hacia las personas que iban llegando de los colectivos en pro de la vida, sin que esto pasara de alegatos y algunos gritos por parte de los contrarios.

Después de un tiempo de permanecer al exterior del recinto legislativo, ambos grupos comenzaron a ingresar al salón de pleno ocupando los espacios designados al interior, mientras que cientos de personas de los grupos pro vida, tuvieron que permanecer al exterior del edificio mientras se desarrollaba la sesión ya que debido a la gran cantidad que eran no pudieron ingresar todos.

La Votación

La semana pasada, el pleno del Congreso Local trató de llegar a una resolución, pero el resultado fue un empate: 18 diputados estaban a favor del derecho al aborto y 18 a favor de la vida. La directora de Abortistas Mx, Ninde Molre, la definió como “la sesión más complicada” que había visto en estos últimos años. Al no llegar a un acuerdo, la discusión se trasladó hasta este jueves. Este jueves, 5 de junio, el desempate fue favorable a los grupos provida, el «Sí a la Vida», lo que resultó en el archivo definitivo de las iniciativas legislativas. El aborto, por tanto, continúa siendo tipificado como delito en el estado.

Los legisladores de ambos partidos políticos coincidieron en que “la defensa de la vida no se opone a los derechos de las mujeres, sino que es parte de una misma causa. La panista Susana Bermúdez Cano señaló que la vida humana merece protección desde su inicio, como lo reconocen tanto la ciencia como las constituciones federal y estatal. Advirtió que de eliminarse el tipo penal del aborto dejaría sin herramientas al Estado para identificar y sancionar contextos de presión o violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que enfatizó que el derecho a decidir no puede ejercerse a costa del derecho a la vida.

El factor decisivo fue el inesperado cambio de postura de la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde, quien se alineó con el PAN justo en la segunda ronda de votación. La definición final fue de 19 sufragios en contra frente a 17 a favor.

Durante la sesión, legisladores como el diputado de Morena, Dr. Antonio Chaurand, expresó su respaldo a la despenalización del aborto con el: “La maternidad será deseada o no será”. Como médico, aseguró que respeta la vida desde su inicio, pero afirmó que su deber como legislador es velar por los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas que han sido obligadas a parir en situaciones de violencia.“Mi obligación es legislar por quienes no tienen con quién contar”, declaró, alzando la voz por niñas, adolescentes y mujeres que enfrentan embarazos forzados.

En contraparte, representantes de los colectivos provida afirmaron que su postura se basaba en la defensa de “la vida desde la concepción” y repetían que el aborto no es inocuo. Se argumentó que éste implicaría consecuencias físicas y emocionales, así como un supuesto incremento en la mortalidad materna. Además, insistieron en la necesidad de fortalecer políticas de salud preventiva, educación sexual y asistencia íntegra.

Jared González Márquez, se manifestó en los siguientes términos: «¡Ganó la vida!Y también ganó la mujer. Hoy en el Congreso dijimos fuerte y claro:sí a la vida, sí a proteger a las mujeres. Porque no se trata de imponer, sino de escuchar, acompañar y cuidar. Aquí en Guanajuato, defendemos a ambas: La vida y la dignidad de cada mujer. Lo hicimos con convicción y con el corazón abierto»; mientras la legisladora del PRD, María del Pilar Gómez Enríquez, destacó: «No todas las decisiones que toman las mujeres respecto a la interrupción del embarazo se dan en condiciones de verdadera libertad, muchas mujeres enfrentan entornos donde la decisión de la interrupción del embarazo no nace de la ponderación libre, sino de una decisión impuesta dada las circunstancias, violencia por parte de la pareja, amenazas familiares, abandono económico, desinformación o una red de apoyo que podría ser inexistente. En esos casos, la elección del embarazo no es una elección, aún y cuando el diseño legislativo así lo pretenda, aún y cuando el código no lo clasifique como un aborto forzado, pero que de cualquier forma ocurre como una salida obligada”.

Al archivarse la carpeta de la despenalización, el aborto permanecerá como un delito dentro del Código Penal local. Sin embargo, ya existe un amparo presentado ante la SCJN que podría obligar al Congreso guanajuatense a revisar y adecuar su legislación, como ha ocurrido en estados cercanos como Coahuila y Chihuahua

Organizaciones feministas, como GIRE y Human Rights Watch, han advertido que la resistencia estatal crea desigualdades en el acceso a servicios de salud reproductiva, especialmente entre mujeres vulnerables

El análisis jurídico y la tensión política evidencian un panorama entrampado donde se mezclan argumentos de salud pública, derechos humanos y convicciones morales.