Celaya, Gto., a 31 de marzo de 2025.- Hoy marca el inicio de un proceso electoral clave para el Poder Judicial, un evento que, lejos de representar una simple transición administrativa, encierra una serie de cuestionamientos sobre la independencia, transparencia y legitimidad del sistema judicial. En un momento en el que la confianza en las instituciones se encuentra debilitada, esta elección se convierte en un termómetro de la salud democrática del país.

Un Sistema Bajo Sospecha

El Poder Judicial ha sido objeto de críticas constantes en los últimos años, tanto por la ciudadanía como por diversos sectores políticos y académicos. Se le acusa de ser un órgano opaco, susceptible a influencias externas y con una burocracia que no responde a los intereses de la justicia, sino a los de determinados grupos de poder.

El proceso electoral que arranca hoy no escapa de estas sombras. Las reglas del juego han sido establecidas en un entorno donde la falta de transparencia y el favoritismo político han sido moneda corriente. Si bien el discurso oficial defiende la independencia del proceso, las dudas persisten sobre la posible intervención de actores con intereses ajenos a la imparcialidad judicial.

La Falta de Transparencia

Uno de los puntos más preocupantes de esta elección es la escasa claridad en los mecanismos de selección y votación. Aunque se han implementado ciertos mecanismos de supervisión, no se han resuelto problemas estructurales como la ausencia de una fiscalización efectiva por parte de organismos autónomos.

Además, la poca difusión de información relevante sobre los candidatos y los procesos de evaluación alimenta la percepción de que las decisiones ya están tomadas de antemano. La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes aspiran a dirigir la administración de justicia y cuáles son sus trayectorias, pero este derecho no se ha garantizado plenamente.

El Riesgo de la Politización

Históricamente, la selección de altos funcionarios del Poder Judicial ha sido utilizada como una herramienta de control político. En lugar de priorizar la idoneidad y la independencia de los candidatos, en muchas ocasiones se ha favorecido a aquellos con vínculos con el poder político y económico. Esto no solo compromete la imparcialidad de la justicia, sino que también debilita la democracia misma al convertir al sistema judicial en un brazo más de la maquinaria gubernamental.

Si este proceso electoral sigue la misma línea, se perderá una oportunidad crucial para fortalecer la autonomía del Poder Judicial y recuperar la confianza ciudadana. La justicia no puede estar subordinada a intereses particulares ni responder a presiones externas; debe ser un pilar firme e inquebrantable del estado de derecho.

El inicio de este proceso electoral debería ser un momento para reforzar la credibilidad del Poder Judicial y demostrar su compromiso con la independencia y la transparencia. Sin embargo, las señales actuales generan más dudas que certezas. Si no se adoptan medidas concretas para garantizar una elección limpia, justa y realmente democrática, el resultado solo servirá para profundizar la crisis de legitimidad que enfrenta la institución.

En un contexto donde la confianza en la justicia es fundamental para la estabilidad del país, este proceso electoral no solo define quiénes ocuparán ciertos cargos, sino también el rumbo que tomará la democracia en los próximos años. ¿Será esta una oportunidad para reivindicar la independencia judicial o simplemente otro episodio en la larga historia de su deterioro?